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Romera, el único absuelto de los 9 imputados.
El comisario Gabriel Gustavo Romera fue el único de los nueve imputados que resultó absuelto por el Tribunal en lo Criminal de Pergamino en el marco de la causa iniciada en 2007 por el funcionamiento de un prostíbulo denominado “Spartakus”, donde eran explotadas sexualmente quince mujeres de nacionalidad paraguaya, la mayoría menores de edad. Romera estuvo hasta hace unas semanas provisoriamente a cargo de la comisaría 1ra de Escobar y actualmente es el número dos de la Jefatura Distrital.
Tras dos horas de lectura del veredicto y en un marco de gran expectativa, el viernes 13 se conoció el fallo del tribunal que condenó a siete años de prisión a Juan Julio Lomanto y Sergio Alberto Rocha como coautores penalmente responsables del delito de promoción y facilitación de la prostitución. En tanto, Luis Angel Bono, Nélida Noemí Valente y Rolando Aquino fueron condenados como partícipes secundarios del mismo ilícito, los dos primeros a cuatro años de prisión y el último a 3 años y 10 meses.
Aunque la fiscalía de juicio había solicitado penas más duras -de 10 a 13 años-, los cinco fueron condenados por la presencia de menores que ejercían la prostitución en el local. No así por las mujeres mayores de edad, ya que para que se configurara el delito debía haber una falta de consentimiento por parte de las mismas y el tribunal entendió que durante el juicio quedó demostrado que eso no ocurrió.
En tanto que los ex inspectores municipales Darío Piatti y Ramiro Puig recibieron una condena de dos años de prisión de ejecución condicional, cuatro años de inhabilitación y una multa de 4.000 pesos por ser encontrados culpables de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado. Por la misma figura fue condenado el ex policía Jorge Martín Pérez a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, cuatro años de inhabilitación y una multa de 4.000 pesos.
El único acusado absuelto fue Romera, por entonces jefe de la comisaría 1ra de Pergamino, a pesar de que la fiscalía había pedido para él una pena de 4 años de prisión y 6 de la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por ser penalmente responsable de los delitos de encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Los jueces entendieron que quedó acreditado que no era su función efectuar en persona los controles de nocturnidad, ya que estos se delegan en el personal a cargo de acuerdo con sus capacidades. También dejaron ver la displicencia y falta de cuidado con la que se desempeñó Romera al mando de la comisaría, pero durante el juicio no se demostró vinculación con la actividad ilícita que cometió su dependiente, Pérez.
El tribunal consideró que la organización de la seccional, como la de tantos entes públicos, estructurada sobre la base de la desconcentración administrativa o división de tareas, impide imputar al jefe jerárquico las consecuencias de las irregularidades cometidas por el policía inferior, que además era el encargado natural y habitual de esa actividad, según consignaron medios de la capital nacional de la semilla.
