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Posición tomada. Fernández no quiere que los usuarios paguen los costos de una disputa empresarial.
Es por la disputa entre productores y distribuidoras, a partir de la intención del gobierno de liberar el precio mayorista y acortar los plazos de pago. “Sería incomprensible”, expresó Rocío Fernández.
Ante la posibilidad concreta de que el gobierno nacional apruebe un aumento “extra” en la tarifa del gas natural, que en el mes de abril se incrementará un 35% -suba acumulada del 2.401%-, la Defensora del Pueblo de Escobar, Rocío Fernández, criticó la medida y le exigió al Ente Regulador del Gas (ENARGAS) una nueva audiencia pública.
La modificación que impulsa el Ejecutivo en la regulación con la que se establece el precio mayorista del gas, que pasará de ser fijado por el Estado a dirimirse en una compulsa entre empresas, generó una fuerte disputa entre las petroleras y las distribuidoras de gas natural que podría impactar, por enésima vez, en el bolsillo de los usuarios.
Es que la Asociación de Distribuidoras de Gas (ADIGAS) manifestó que de aprobarse el cambio en los plazos de pago a productores de 75 a 30 días se produciría un desfasaje financiero que los obligaría a recurrir a financiamiento externo -$9.532 millones- con un elevado costo ocasionado por las altas tasas de interés vigentes, gastos que serían trasladados a las tarifas domésticas.
En este marco, Fernández salió al cruce de la medida y en su carácter de secretaria general manifestó la preocupación de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA): “el procedimiento que se apruebe tendiente a regular la compra de gas por parte de distribuidores a productores, en ningún caso debe generar cargos y/o costos extras en las tarifas”, enfatizó a través de un comunicado de prensa.
“Rechazamos la posibilidad de trasladar los costos surgidos de cambios en las relaciones contractuales de distribuidores con productores, ya que nunca pueden ser los usuarios quienes carguen con las diferencias económicas derivadas de cambios en los términos de contratación. Es incomprensible”, argumentó la ombudsman escobarense.
Asimismo, sostuvo que resulta “insoslayable” la convocatoria de una audiencia pública para brindar a los usuarios “información adecuada y veraz”.
“Debe tenerse en cuenta el principio esencial y específico de la participación ciudadana mediante audiencia pública, además de los principios rectores en materia tarifaria de certeza, previsibilidad, gradualidad, razonabilidad y no confiscatoriedad exigidos por la Corte Suprema de Justicia”, concluyó Fernández.
Por lo pronto, el próximo 12 de febrero, un día después de la subasta pública de gas, los miembros de ADPRA mantendrán una reunión con los representantes del ENARGAS para intentar llegar a un acuerdo que no afecte a los ya castigados usuarios.
