-
-
Misión. «Nuestra tarea fundamental consiste en ser la voz de los que no tienen voz», expresó Fernández.
Durante 2017 la dependencia inició 5.572 expedientes, de los cuales el 71% fueron archivados por haberse resuelto o haber agotado la vía de solución. También se incrementaron los trámites en el área de indocumentación.
La Defensoría del Pueblo de Escobar presentó su informe anual ante el Conejo Deliberante, en el que resume la actividad realizada por cada área de la institución a lo largo de 2017.
El primer dato que surge es el marcado incremento en las actuaciones e intervenciones llevadas adelantes por la Defensoría en las temáticas de servicios públicos, indocumentación, salud y asuntos sociales.
Asimismo, durante el último año la institución confeccionó 5.572 expedientes, la mayor cifra anual de denuncias gestionadas. De ese total, el 71% fueron archivados, es decir que se resolvieron o bien se agotaron las instancias posibles de resolución.
En tanto, continúan en tratamiento el 20% de esos expedientes ingresados durante el período señalado, de los cuales un 9% corresponde a juicios de inscripción de nacimiento, los cuales no pueden ser archivados por encontrarse pendientes de resolución judicial. En el área de indocumentación se vio un incremento del 45% en comparación al año 2016.
“Nuestra tarea fundamental consiste en ser la voz de los que no tienen voz. Se trata de suministrar a la sociedad escobarense la visión institucional de la Defensoría, no solo en relación a la actividad del Departamento Ejecutivo Municipal, sino también plantear situaciones violatorias de las normas por parte de las concesionarias de servicios públicos. En síntesis, supone una herramienta para la elaboración de políticas públicas”, expresó la titular de la Defensoría local, Rocío Fernández.
Además, remarcó que “el reconocimiento de cada derecho siempre es consecuencia de una lucha que se remonta en la historia. Esa circunstancia le da tanto valor al derecho conquistado que convierte en una obligación de alto contenido ético su protección posterior».
En ese sentido, señaló que su intención es «que el informe anual pueda resultar de utilidad para que los concejales legislen en virtud de las demandas de nuestra población”.
