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Cuenta regresiva. La inauguración de las centrales energéticas está prevista para diciembre.
Por unanimidad, los concejales expresaron su preocupación por el impacto ambiental que generará el emprendimiento, ubicado en el partido de Pilar, a metros de Matheu. Además, reclaman información oficial sobre el expediente.
En algo lograron ponerse de acuerdo los veinticuatro concejales del partido de Escobar, que este miércoles aprobaron por unanimidad un proyecto de resolución para manifestar su preocupación ante la inminente puesta en marcha de dos centrales termoeléctricas sobre la ruta 25 y reclamar informes sobre las características y la situación del controvertido emprendimiento.
La iniciativa, impulsada por la concejal María Rosa Pereyra (Peronismo que Hace – Unidad Ciudadana), recoge en sus vistos y considerandos los argumentos expuestos por los ambientalistas y vecinos autoconvocados que vienen manifestándose contra la radicación de las plantas energéticas sobre la calle Alborada, que limita las localidades de Villa Rosa y Matheu, del lado de Pilar.
“A todas luces se trata de un emprendimiento peligroso, que podría traer secuelas ambientales y está emplazado en una zona residencial”, sostiene el texto de la resolución aprobada por los concejales, al tiempo que enumera una serie de daños que causaría la puesta en marcha de las termoeléctricas.
“Este tipo de centrales hacen un uso intensivo del agua -se calcula que unos millones de litros diarios-, lo que podría llegar a secar las napas. Además, esa agua, luego de su uso, es vertida al arroyo Burgueño a una temperatura de 45 grados, lo que podría dañar el curso y el hábitat, generando mayores riesgos de inundación”, se asegura.
Además, en el documento se afirma que “los gases, producto de la combustión para hacer funcionar las plantas, son altamente contaminantes”, y “que las chimeneas no tienen altura suficiente, con la consecuente posibilidad de que se produzca una lluvia ácida, sumado a los vapores complejos que pueden ocasionar enfermedades”.
“El uso de combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, junto a partículas volantes, como el caso del carbón, que pueden contener metales pesados. Sus emisiones térmicas y de vapor pueden alterar el microclima local y afectar negativamente al ecosistema”, ahonda la resolución en sus fundamentos contra las usinas de APR Energy y Araucaria Energy, cuya inauguración está prevista para mediados de diciembre.
Lo curioso es que la resolución no exige la relocalización ni la clausura del emprendimiento. Solo manifiesta la “honda preocupación” del Concejo Deliberante de Escobar “por la inconsulta decisión de instalar las centrales termoeléctricas”. Y solicita una serie de informes. Por ejemplo, los resultados del estudio de impacto ambiental y una copia del expediente administrativo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS).
La redacción de la resolución y su tratamiento en las bancas dejaron algunas perlitas. Por un lado, se incluyó un inciso consultando si las empresas pagaron los derechos de construcción, lo cual no solo no hace a la cuestión ambiental sino que, en todo caso, es un asunto tributario del municipio de Pilar que no tendría por qué importarles a los ediles escobarenses.
En tanto, el concejal Miguel Jobe (Proyecto Escobar) sugirió que “sería interesante saber quién es el dueño de esas tierras”. Minutos antes Pereyra también había aludido a ese aspecto con un comentario al pasar: “Es mucho lo que se dice y mucho lo que se escucha. ¿Cómo podría haber alguien que pueda ceder las tierras para arruinarle la vida a los vecinos de Matheu”, lanzó, sugestivamente.
Sin embargo, esa consulta no se agregó en el texto de la resolución, que será enviada a la Secretaría de Energía Eléctrica de la Nación, al OPDS, al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), al Organismo de Control de la Electricidad de Buenos Aires (OCEBA) y al intendente de Pilar, Nicolás Ducoté.
Por su parte, el concejal macrista Esteban Colley no dejó pasar la oportunidad para acusar de “oportunismo político” a los ediles del oficialismo y espetarles haber votado a favor de la instalación del puerto regasificador en el Paraná de las Palmas y “la entrega de los humedales a los desarrolladores inmobiliarios”.
Más allá de esas y otras chicanas, la resolución fue aprobada por unanimidad.
