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Acercamiento. Los defensores del Pueblo llevaron sus reclamos al ministro y volverán a reunirse en un mes.
Rocío Fernández participó del encuentro organizado por ADPRA y analizó que “si bien el ministro no dio respuestas concretas, se comprometió a evaluar los reclamos presentados y propuso volver a reunirnos en un mes”.
Junto a otros ombudsman del país, la defensora del Pueblo de Escobar, Rocío Fernández, participó este miércoles de una audiencia con el ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, a quien le solicitaron revisar los fuertes aumentos en los servicios públicos y ampliar el alcance de la tarifa social.
En el encuentro, los integrantes de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), de la que Fernández es secretaria, le plantearon a Aranguren «la difícil situación que atraviesan las distintas provincias y municipios luego de los incrementos producidos en las tarifas de los servicios públicos», según informaron en un comunicado. También reclamaron «la ampliación de la tarifa social para personas con ingresos insuficientes, así como un Régimen Tarifario Específico para Entidades de Bien Público y clubes de barrio».
Los defensores del Pueblo le entregaron una solicitud en la que transmiten su “más profunda preocupación por el significativo impacto que han generado los aumentos en las tarifas de los servicios públicos domiciliarios (energía eléctrica, aguas y saneamiento y gas natural), que han afectado no sólo a los hogares y a los usuarios residenciales sino también a los clubes de barrio, entidades de bien público en general, medianas y pequeñas empresas y pequeños comercios”.
En ese orden, Fernández le presentó al ministro reclamos de vecinos con tarifas sociales rechazadas y un libro de actas con el petitorio colectivo firmado por entidades de bien público de Escobar.
Además, la defensora de Escobar solicitó «una profunda revisión de los cuadros tarifarios aplicados y ampliar los requisitos para el acceso a la tarifa social, procurando criterios de admisión flexibles que les permita ser incluidos a todos aquellos que lo necesitan». También pidió «implementar mecanismos ágiles que faciliten las peticiones de los usuarios para acceder a la tarifa social», «evitar el corte o la interrupción total del suministro de los servicios por falta de pago» y «la implementación urgente de un Régimen Tarifario Específico para las Entidades de Bien Público, previsto en la ley nacional 27.218».
Al ser consultada en relación a la audiencia, Fernández señaló que «si bien el funcionario nacional no dio respuestas concretas, se comprometió a evaluar los reclamos presentados y propuso volver a reunirnos en un mes». Además, adelantó que «en el transcurso de tres semanas reglamentaría la ley que compete a las entidades de bien público».
Finalmente, Fernández instó a los vecinos del partido de Escobar que por motivos económicos no puedan afrontar el pago de la tarifa plena a que se presenten en la Defensoría a fin de iniciar el trámite de excepción.
