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Caso testigo. Rocío Fernández expuso sobre el programa implementado en Escobar desde 2014.
La Defensora del Pueblo de Escobar expuso el programa que el organismo está desarrollando en el distrito para dotar de identidad a personas que no tienen DNI por no haber sido inscriptas al nacer.
En las esferas estatales se los llama “ciudadanos invisibles”. No se trata solo de personas pobres, excluidas del sistema, sino de hombres y mujeres sin identidad, que no fueron inscriptas al nacer, y que hasta tanto no tengan un DNI difícilmente puedan escapar a la situación de vulnerabilidad en que están. Mientras tanto, seguirán siendo meros NN en vida.
Son miles los argentinos que se encuentran en esta condición. Por eso, este lunes se realizó en la Cámara de Diputados de la Nación la primera Mesa de Diálogo “Indocumentados Cero”, donde legisladores y funcionarios de distintas áreas intercambiaron experiencias e ideas con la intención de planificar acciones para remediar esta situación y que a ningún argentino le falte su DNI.
La jornada, que estuvo organizada por el Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de Políticas Públicas(IADEPP), la Fundación Micro Justicia y la organización El Trapito, contó con la participación de la defensora del Pueblo de Escobar, Rocío Fernández, quien fue invitada para exponer el programa de documentación que viene desarrollando en el distrito desde ese organismo.
La funcionaria explicó que “Escobar Sin Indocumentados” está llevando adelante más de 300 juicios gratuitos de inscripción tardía y detectando los casos de personas argentinas cuyo nacimiento nunca fue debidamente inscripto, a través de un trabajo en red.
Escobar y Morón son los únicos distritos de la provincia que cuentan con un órgano municipal que desarrolle un programa en torno al derecho a la identidad.
“Es fundamental un relevamiento serio de la situación de indocumentados en el país. Por eso recomendé la necesidad de incorporar en el próximo censo nacional la consulta de tenencia de DNI, instrumento básico para poder acceder a todo el universo de derechos: salud, educación, trabajo formal, título habilitante y derechos políticos, entre otros», expresó Fernández al término de la Mesa de Diálogo.
“Hasta los 12 años el trámite, si bien no es sencillo, se realiza por la vía administrativa. A partir de esa edad, no hay otra posibilidad que iniciar un proceso judicial, con todo lo que ello conlleva. Por eso el Estado debe arbitrar los medios para determinar a los miles de argentinos indocumentados que existen en el país y, luego, poner en funcionamiento mecanismos eficientes y ágiles para dotar a esas personas de identidad y convertirlas en ciudadanos de pleno derecho”, subrayó la funcionaria.
En ese marco, legisladores nacionales, representantes del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, del Registro Nacional de las Personas, la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia, la Procuración Penitenciaria Federal, ONG´s y defensores civiles firmaron un acta compromiso a los efectos de mancomunar esfuerzos y articular para dar solución a los “ciudadanos invisibles”.
Participantes. Los asistentes refrendaron un acta compromiso para seguir profundizando el tema.
