Al regresar a la Intendencia de Escobar, en noviembre del año pasado, Sandro Guzmán no renunció a su escaño de diputado nacional sino que pidió una licencia hasta febrero. Como el plazo ya venció, solicitó una prórroga, que aún no fue aprobada por los legisladores. Mientras tanto, quien debería reemplazarlo en la Cámara Baja por orden de sucesión le inició una presentación judicial.
El de Guzmán es un caso único en todo el país. Y no solo porque detenta dos cargos públicos de manera simultánea. Más que nada, porque llegó a ambos por distintos caminos: en 2011 fue reelecto intendente por el Frente para la Victoria y dos años después se convirtió en diputado del Frente Renovador. Todo un record.
«Se está creando un nuevo cargo electivo: el de ‘Intenputado municional’. Un año intendente, otro diputado nacional», ironizó el massista Horacio Alonso, quien desde el año pasado espera ocupar la banca que Guzmán dejó vacía pero, por ahora, sin permitir que otro se siente en su lugar.
El dirigente peronista de Tres de Febrero radicó una denuncia contra Guzmán en el juzgado federal a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, considerando que, según su criterio, el caso transgrede al menos cuatro artículos del Código Penal.
Asimismo, Alonso le envió una carta al presidente de la Cámara de Diputados. «Esto no resiste, por lo absurdo, el menor análisis. Descuento que usted no va a permitir que se mancille la soberanía popular, se violente el sistema representativo de gobierno y se degrade la calidad institucional», expresó en su misiva a Julián Domínguez.
Por su parte, el alcalde escobarense ya fijó su postura: «Voy a hacer lo que me diga el gobierno nacional», expresó días atrás cuando un periodista local le preguntó sobre el futuro de su banca en Diputados.
Evidentemente, se está ante un caso de características extremas que solo es posible debido a los grises del plexo normativo en materia de incompatibilidades. ¿Será la gota que colme el vaso para que se definan reglas más claras?