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Los manifestantes fueron desde la estación de Maschwitz hasta el sitio arqueológico, sito a la vera del canal Villanueva.
El Movimiento en Defensa de la Pacha marchó desde la estación del tren Ingeniero Maschwitz hasta Punta Querandí, para reclamar que una desarrolladora inmobiliaria termine con sus intentos de anexar para barrios privados un predio que originarios y organizaciones sociales consideran una reserva arqueológica y lugar público.
Centenares de personas con sikus y bombos caminaron este domingo los cuatro kilómetros que hay entre la estación ferroviaria de Maschwitz y Punta Querandí, en la confluencia del arroyo Garín y el Canal Villanueva, donde desde 2008 existe un reclamo de pueblos originarios, ambientalistas y organizaciones sociales contra empresas inmobiliarias.
A inicios de diciembre, un nuevo intento de la desarrolladora inmobiliaria Eidico, que alambró la hectárea y media, derribó árboles y destruyó pertenencias del Movimiento en Defensa de la Pacha, terminó con la intervención del delegado municipal de Dique Luján, Hugo Cerrillo, quien puso fin al atropello de la empresa y reabrió el lugar.
“Los damnificados directos eran, además de la gente en general, los pescadores, los pobres de la zona que ya ni pueden usar el río o disfrutarlo”, dijo a Télam Pablo Badano, del movimiento social.
“La empresa había intentado otra vez cercar el acceso a Punta Querandí y fue aún más lejos al meter una casa-rodante con el fin de poner un cuidador para apropiarse del terreno. Esta agresión fue resistida por medio centenar de personas”, detalló la organización.
Por su parte, Pedro Moreira, quechua, dijo a Télam que “estamos pidiendo que la empresa, de una buena vez por todas, decida cumplir con la ley lo que está establecido en cuanto a los caminos de sirga. No somos unos cuantos locos que estamos dando vueltas. Acá hay gente de todos los niveles sociales que nos acompañan”.
Moreira, que recibe el tratamiento de ‘abuelo’, es decir un anciano cuyo consejo es prevalente entre los defensores de la pacha, destacó además que la intención de la empresa “es inentendible de querer adueñarse por que sí de un terreno”.
Además, pidió a los estados nacional, provincial y municipal “la decisión política” de liberar el predio en cuestión -una hectárea y media bajo cuya superficie hay una incontable cantidad de restos arqueológicos- de “toda construcción” y que se use el lugar para educación y recreación de los vecinos.
El movimiento denuncia que “estos negociados inmobiliarios desplazan a los pobladores preexistentes, privatizan lugares y costas públicas, generan más inundaciones al rellenar los humedales y, lo que ha terminado de definir la participación activa del movimiento indígena desde hace más de media década, también arrasan con enterratorios ancestrales de los pueblos querandí, guaraní y chaná”.
Asimismo, remarcaron que recientemente, en el Concejo Deliberante de Tigre, “un concejal opositor al massismo presentó un proyecto de ordenanza para prohibir los barrios privados en Tigre, lo cual no haría más que cumplir con las recomendaciones dispuestas por el Defensor del Pueblo de la Nación en 2010 a las municipalidades de Zárate, Campana, Escobar, Tigre y San Fernando”.
