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La abogada Rocío Fernández seguirá en la Defensoría.
Ratificada en el cargo por decisión unánime del Concejo Deliberante, Rocío Fernández comenzó a transitar desde el 1º de enero su segundo mandato como defensora del Pueblo del partido de Escobar. “Tengo la misma motivación o más que el primer día”, aseguró la funcionaria en declaraciones a este medio, a la vez que hizo un balance de la gestión que inició en 2009 y adelantó algunos de sus objetivos para esta nueva etapa.
“Tengo la misma motivación que el primer día o más, porque hoy hay posibilidades de desarrollar otro tipo de tareas. El 1º de enero de 2009 no había nada, la Defensoría estaba toda para crear, no había oficina, ni personal ni reglamento. Mi objetivo siempre fue instaurar una institución nueva, autónoma, íntimamente ligada con los derechos humanos, y que tiene como función actuar frente a actos, hechos u omisiones de la administración pública y las concesionarias de obras y servicios públicos que afecten derechos individuales y colectivos de los habitantes escobarenses”, expresó Fernández.
Las intervenciones contra los incrementos tarifarios del gas natural y el agua corriente, asesorando a miles de vecinos y dando la batalla judicial hasta las últimas consecuencias, fueron quizás las acciones de la Defensoría que más repercusión pública alcanzaron. Pero en su haber también sobresalen los reclamos al Municipio por servicios e infraestructura, las gestiones ante obras sociales y la atención a problemáticas como discapacidad, niñez y violencia familiar y de género, entre otras.
De cara al futuro inmediato, Fernández planteó como principales objetivos fortalecer la promoción de los derechos sociales, a través de campañas y programas específicos, e implementar un área específica de mediación para solucionar conflictos de convivencia vecinal.
Sobre este aspecto, la funcionaria remarcó a EL DIA de Escobar su convicción de que la Defensoría debe “tender al diálogo y a generar un espacio para la solución alternativa de conflictos. Si un problema se atiende a tiempo, se evita un posible acto de violencia a futuro. El Estado tiene muchos avisos antes de que el conflicto llegue. Hay que estar atentos a esos avisos, porque muchas veces se agotan esfuerzos en armar informes para expedientes y no en atender puntualmente la problemática. Nosotros, a través de la mediación, pudimos solucionar el 95% de los casos que se nos presentaron”.
El inicio del segundo mandato de Fernández pasó casi inadvertido, sobre todo porque no hubo un acto de reasunción o de jura que le diera entidad institucional al acontecimiento. El Concejo Deliberante, responsable de su designación, no propició ese marco, como sí lo había hecho cuatro años atrás. Pero ella le restó importancia al tema. “No me molestó no haber prestado juramento, porque la ordenanza no habla de eso. Es más una cuestión de costumbres. Sí me gratifica que me hayan electo por unanimidad, lo tomo como un reconocimiento”, afirmó.
Edenor y ABSA
En un último intento por tratar de frenar el descomunal aumento de ABSA, Fernández interpuso en diciembre un recurso extraordinario de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que declaró “admisible” su presentación y sobre la que se espera que se expida tras la feria judicial.
También en diciembre, la defensora del Pueblo se reunió con los máximos representantes de Edenor Zona Olivos: su gerente regional, Andrés Puchini, y el jefe del Departamento de Gestión, Walter Copia. El tema no fue otro que las permanentes interrupciones en el suministro y la pésima atención a los usuarios en la gestión de reclamos.
“Me dijeron que para ellos Escobar es prioridad, porque es el área donde más problemas están teniendo, que hay un plan de inversión en marcha y que van a hacer un relevamiento de las zonas más críticas para realizar podas correctivas y apuntalar o cambiar postes viejos y en mal estado”, contó Fernández. Además, celebró que se haya establecido entere la empresa y la Defensoría “un canal de comunicación directa, que no lo había”.
