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A casi cuatro meses del violento desalojo de setenta familias en el barrio Villa Alegre, el conflicto sobre esas dos hectáreas baldías ubicadas a cinco cuadras de la avenida San Martín, en Belén de Escobar, parece haberse encaminado a una solución definitiva y favorable para las dos partes involucradas. La Provincia se comprometió a adquirir el predio y quienes lo ocupaban podrán comprarlo en cuotas sociales.
A ese acuerdo se llegó en una reunión realizada en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, el pasado jueves 5, de la que participaron representantes de ese organismo, funcionarios nacionales, provinciales y del Municipio de Escobar, junto a vecinos del predio y militantes sociales que se encargaron de encausar el reclamo a través de los canales institucionales creados para estos casos.
En esa mesa de diálogo la Provincia dio a conocer que accederá al pedido de hacerse cargo de la compra del inmueble, a un valor que aún no se confirmó pero que rondaría los 700 mil pesos, según el precio de venta que habría solicitado por el dueño del inmueble, Eduardo Talarico. Así lo expresó la representante de la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda bonaerense, María Franchinni, a quien acompañó en la reunión la directora provincial de Escrituración Social, Cecilia Games.
El anticipo de la compra tendrán que hacerlo los vecinos, a través de dos pagos mensuales por un total de $40 mil. Esto implicaría un aporte por familia del orden de los $800, que variaría en más o en menos según las dimensiones de los 50 lotes en que se dividirán esas parcelas. Cuánto tendrán que pagar después hasta cubrir el valor de cada terreno todavía no está definido, aunque se habla de cuotas sociales que podrían ir de $50 a $300, con amplios plazos. Asimismo, un lote del predio se reservará para la construcción de un centro comunitario.
La reapertura de calles y la instalación del alumbrado público correrán por cuenta del Municipio, al igual que el trámite de solicitar a la Provincia la compra del inmueble para dar curso a la operación. El compromiso fue aceptado por el director de Obras Públicas de la Comuna, Fabián García Rodríguez.
Asimismo, la Comisión Nacional de Tierra contribuirá con las obras de infraestructura necesarias que requiera el Municipio. De esto dio fe la licenciada Miriam de Negri, en representación del ente.
Otro paso previo y formal será la realización de un censo de las familias que se establecerán en esos lotes, en lo cual también deberá intervenir la Comuna.
Todo lo señalado está asentado en un acta que se labró al término de la reunión y a la que tuvo acceso El Día de Escobar.
De esta manera, en poco tiempo más quedaría zanjado un conflicto que al principio parecía irremediable. Aunque la crítica situación económica y financiera del Estado bonaerense hace dudar si la compra del inmueble se concretará realmente este año o quedará postergada para el próximo presupuesto. Como sea, la solución está encaminada y los vecinos ya empiezan a soñar con ser dueños de la tierra donde volverán a poner en pie sus casas, esas que las topadoras tiraron abajo aquel 19 de marzo.
Más de cien efectivos policiales, incluyendo Infantería y Caballería, realizaron el violento desalojo del 19 de marzo.
