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SR. DIRECTOR:
Realizado un primer análisis sobre la ley 14.086 (Reforma Política para la Provincia de Buenos Aires), emerge desde lo propagado por los medios que su contenido es pronunciadamente difuso, ya de por sí, cuando se enuncian los términos internas abiertas, ambos aparecen contradictorios en su acepción literal.
En efecto, el primero (“internas”) determinaría decisiones personales, particulares, privadas; y el segundo (“abiertas”) definiría también abrir, dividir, separar, ingenuidad.
Ciertamente, los especialistas en el tema mucho han declamado y trillado en pos de la reforma política, pero nunca les he escuchado a alguno de ellos pronunciarse sobre tema central de la cuestión, que hace a las relaciones sociales de los pueblos, que es la acreditación legal para representar políticamente en la función pública. Y al decir representación legal se refiere a la autorización dada por las mismas bases sociales en forma de afiliados políticos.
Desde hace mucho tiempo ya es un secreto a voces que quienes poseen los derechos legales y son los únicos acreditados para presentar ante los Juzgados Federales con Competencia Electoral a requerir la legalización de las listas electorales, a nivel Municipal, Provincial y Nacional, son quienes deciden la formación y colocación de lugares en esas listas de candidatos a cargos públicos y es allí justamente cuando presuntamente se producen y prevalecen grandes acuerdos por intereses de “mayor valor”.
Siempre aparece el interrogante de cuál habría sido el mecanismo para que los partidos políticos elijan sus candidatos y los ofrezcan a la población de electores, porque sabemos que esa población de electores en su base primaria, afiliados comprometidos políticamente, no han sido para nada consultados y no saben cuál ha sido la razón por la que algunos “personajes” fueron ungidos a figurar en las listas para ofrecerse a ejercer el cargo público.
Tan arraigada es esta irregularidad en nuestra ciudadanía, que es ya cultural entre las relaciones vecinales porque, por ejemplo, hay muchos conciudadanos que sin más se autodenominan ellos representantes de ONGs, sin siquiera conocer el basamento formal del término y, por supuesto, menos aun el del compromiso a que se obligan al integrar una asociación civil o entidad de bien público.
En nuestra población escobarense hay una fuerte condescendencia y tolerancia para estas irregularidades, por lo cual el campo es libre para inescrupulosos que exhibiendo la pobreza usufructúan esta situación en beneficio propio. Son personas a las que nunca se les ha conocido trabajo alguno y, sin embargo, consiguen que los publiciten como altruistas.
Los medios no verifican la verdadera información; se demuestra así el grado de desinterés que los grandes medios tienen por la población, por sus lectores.
Juan Carlos Franco (Garín)
