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La Defensora del Pueblo del partido de Escobar, Rocío Fernández, participó días atrás de una reunión de trabajo que la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) llevó a cabo en la provincia de Santiago del Estero para analizar las problemáticas comunes, especialmente las relacionadas con los servicios públicos de luz y gas, y fijar los temas del plenario que se realizará los días 2 y 3 de julio en Tucumán.
En cuanto a la problemática que se suscita en torno a los servicios públicos, el Jefe de Gabinete de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Tomás Dadic, expuso acerca de las actuaciones judiciales hechas por el ombudsman nacional, Guillermo Mondino. Así, trasmitió que aún no hubo resolución judicial en relación a la cuestión de fondo planteada respecto a la derogación de los decretos que autorizan la aplicación de los actuales cuadros tarifarios de energía eléctrica y de gas natural.
Además, en relación a las medidas cautelares que impiden el corte de suministro, aún se encuentra vigente la prohibición de corte de la luz, pero fue rechazada la medida de prohibición de corte de gas natural, la cual ya se encuentra en instancia de apelación.
Asimismo, los defensores han expuesto acerca de las denuncias por la arbitrariedad en las facturaciones, según han podido verificar en las defensorías a su cargo, decidiendo trabajar de forma mancomunada para una inmediata resolución del conflicto.
Por su parte, también los defensores del área metropolitana han resuelto suscribir una solicitud al Ministerio de Planificación Nacional a fin de que determine casos de excepción de aplicación del aumento en las facturaciones de servicio de gas natural, que contemplarían a los jubilados y pensionados con haberes mínimos, familias numerosas con hijos menores, personas enfermas, múltiples hogares con un solo medidor, asociaciones civiles sin fines de lucro.
Por último, se trató particularmente el tema de la contaminación ambiental y se decidió crear una Red de Medioambiente, que tiene como objetivo trabajar las cuestiones de contaminación ambiental de manera conjunta. En ese marco, se analizó la preocupación por la instalación de una empresa minera china para la explotación de cobre en las cercanías de Caviahue, Copahue y Loncopué, en Neuquén, que arrojaría los efluentes en el Río Agrio, en tierras indígenas.
También se evaluó la iniciativa de reducir la edad de imputabilidad penal y se resolvió realizar un análisis en torno a los proyectos de ley existentes para tratarlo en el plenario de julio, ya que se consideró importante que el cuerpo de defensores del país se expida sobre esta cuestión.
